El asunto penal de Lopera queda para reparto y señalamiento de juicio por parte de la Audiencia.

Cuando se asigne una sección concreta se conocerá la fecha del juicio al exconsejero delegado del Betis.

 

 

La Sala I de la Audiencia Provincial de Sevilla ha comunicado a las partes una providencia en la que, según ha podido conocer alfinaldelapalmera.com, anuncia actuaciones para el reparto y asignación a una sección concreta de esta instancia para el señalamiento de juicio a Manuel Ruiz de Lopera en el caso penal que se sigue contra él por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal por el que se le piden entre tres y catorce años de prisión al exconsejero delegado bético así como entre 3,6  y 25,6 millones de euros de indemnización, en función de la opinión de la Fiscalía o las acusaciones. Esta providencia llega una vez que la Audiencia ha recibido todos los escritos de calificación por parte de los responsables civiles subsidiarios. Dada la complejidad del asunto es aventurado adivinar la fecha concreta del juicio a Lopera, que podría ser este año o en 2017. El caso comenzó en 2008 con la denuncia de la Fiscalía de Sevilla a la que se adhirieron las plataformas Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, así como el propio Real Betis posteriormente y en el mismo no sólo está afectado Lopera, sino varios de sus colaboradores entre 1993 y 2008 en un caso cuya instrucción ha llevado la juez Mercedes Alaya.

 

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El juicio penal a Lopera, ya solo pendiente de fecha.

Lopera y el Betis: a la espera de una sentencia para reconstruir un acuerdo con mayor consenso.

Se confía en poder sentar las bases de un acuerdo con bases diferentes al que se manejaba hace unos meses .

Por Mateo González, 16 de marzo de 2016 4:27 h.

La semana pasada se conoció que la Audiencia Provincial de Sevilla está pendiente anunciar sala y señalar fecha para el juicio que en el caso penal se seguirá contra Manuel Ruiz de Lopera por su gestión en el Betis entre 1993 y 2008 tras la larga instrucción desarrollada por la juez Mercedes Alaya. Es la causa más importante, la troncal, y con mayores derivaciones que tiene pendiente el exconsejero delegado del club. Y no la última, puesto que desde hace un año están vistas para sentencia las que se llevan en el Mercantil 1 referentes a la calificación del concurso de acreedores del Betis y la propiedad del 31,38 por ciento de las acciones, de cuyo desarrollo se explica en buena medida la actual gobernanza del club al estar embargadas judicialmente. Todo este panorama de asfixia por vía de tribunales a Lopera, así como el evidente rechazo social que provoca, abrieron la puerta a una negociación entre las partes que a punto estuvo de concretarse en septiembre de 2015, justo antes de la junta de accionistas y que ha tenido consecuencias muy relevantes por la obsesión de Juan Carlos Ollero de lograr que llegaran a buen puerto en unas condiciones que han ido convirtiéndose en cada vez más discutibles por el resto de sus compañeros de viaje, primero por Béticos por el Villamarín y posteriormente por más actores principales, lo que sembró el germen de su siguiente caída de la presidencia, ya en febrero de este año, 2016. Aquella incipiente negociación, calificada como precipitada e imperfecta por sus detractores y con muchos flecos por cerrarse según se ha ido demostrando con el tiempo, ha quedado hasta ahora estancada a pesar de que todos los participantes en el proceso judicial (Lopera, club y plataformas) entienden que es la mejor solución a un nudo que puede tardar años en desatarse, con resultado impredecible y que afecta directamente al día a día de la entidad, por la inestabilidad y visión a corto plazo que produce al no tener el Betis una propiedad bien definida. Lo que esperan las partes en estos momentos es que se conozca alguna de las sentencias del Mercantil, principalmente la del concurso, para reconstruir un pacto esta vez con mayor consenso y menos beneficioso para Lopera.
Y es que se ha llegado a la conclusión de que no vale cualquier acuerdo. Principalmente, porque en el que impulsaba directamente Ollero se obviaba la situación de Oliver, con quien posteriormente mantuvieron reuniones los dirigentes del club para tratar de desbloquear su posición con un final infructuoso y que provocó mayores tensiones internas. En el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla se sigue el extraño proceso en el que son partes Lopera y Farusa, por un lado y Oliver y Bitton, por otro, y en el mismo se dirime quién es el propietario del 51 % de las acciones del Betis. Sin conocer el resultado del mismo puede resultar baladí alcanzar acuerdos con una de las dos partes ya que la otra puede ser quien tenga los derechos de las acciones, un riesgo difícil de asumir. Además, ese caso, que ha llegado a audiencia previa (trámite que supone una comparecencia entre las partes que tiene como primer objeto llegar a un acuerdo), está paralizado por prejudicialidad respecto al proceso que se sigue en el Mercantil por la nulidad del 31,38% de las acciones y depende de la sentencia que se conozca en éste. Todo esto provoca que hasta que no opine el Mercantil no seguirán cayendo las piezas del dominó y se conocerá quién puede negociar en nombre de ese 51,34 por ciento de las acciones que discuten Lopera y Oliver, de ahí que según sus detractores el protocolo de intenciones para llegar a un acuerdo que impulsaba Ollero como su principal acción de gobierno en el Betis no tuviera demasiado recorrido a pesar de que se había llegado a asentar una serie de condiciones: precio de 1,8 millones y desestimiento del proceso de nulidad de las acciones además de la renuncia a las acciones penales. El acuerdo con Lopera podría haber sido utilizado por éste y Oliver para llegar a un pacto posterior y sacar mayor rédito a la especial relación judicial que mantienen. Un dato evidente es que cuando Ollero anunció que el acuerdo con Lopera estaba cercano, los abogados de éste declararon al poco tiempo que las acciones eran de Oliver. Todo enmarcado en el juego de apurar sus cartas hasta el final. El momento en el que se produce todo, además, podía haber tenido incidencia en el caso penal puesto que se estaban presentando los escritos de acusaciones y podría haber afectado a las mismas.
Alertados por esta circunstancia, dirigentes del Betis, con Ollero a la cabeza, acudieron a finales del año pasado a una cita con Oliver en Córdoba. El navarro pidió cuatro millones de indemnización, mantener la propiedad de un cinco por ciento de las acciones, un puesto en el consejo de administración del Betis para su hijo y poder llevar la dirección deportiva. Unas solicitudes inaceptables, por lo que la vía Oliver no iba a desbloquearse de esa manera ni en ese contexto. Conociendo esta circunstancia, el recorrido del acuerdo final perdía cierto sentido. Muchas voces pedían una solución pactada pero con unos límites claros. La idea de que Lopera se hiciera cargo de Oliver debido a que es un problema de índole particular entre ellos y que no debe afectar al Betis ha calado de tal manera que todo se ha bloqueado a la espera de las resoluciones judiciales y de tibios contactos que ahora se están retomando con otro guión encima de la mesa y con la pretensión de cerrar un acuerdo más sólido y que garantice la gobernabilidad del Betis en manos de quienes no están inmersos en procesos por haberle hecho un presunto daño a la entidad.
Ahora, con mayor coordinación entre las plataformas a la hora de afrontar esta nueva fase de la negociación con Lopera y Oliver por la experiencia aprendida se pretende que una primera sentencia que se prevé desfavorable para los intereses del empresario de El Fontanal y el navarro pueda dibujar un nuevo campo de juego en el que exigir un pacto en mejores condiciones para el Betis que logre que las acciones se atomicen y se desbloquee la incertidumbre sobre el gobierno de la entidad, lo que provoca una perniciosa inestabilidad.

El Mercantil, un año después.

El año pasado, por estas fechas, se celebraron los juicios sobre la calificación del concurso de acreedores del Real Betis y la propiedad del 31,38 por ciento de las acciones, cuyo desembolso fue presuntamente irregular por parte de Farusa en junio de 1992. Diferentes vicisitudes han afectado a ambos procesos, aunque se considera más cercana la sentencia de la causa concursal, que se demoró por un informe. La de las acciones se ha retrasado por la recusación del juez solicitada por la defensa de José León así como por un informe caligráfico pedido por unas de las acusaciones. Ambos pleitos se llevan en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla, aunque conducidos por diferentes jueces.

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La Sección Tercera de la Audiencia, con Luis Gonzaga de Oro-Pulido como ponente, juzgará a Lopera.

No está previsto que la vista penal se celebre antes del último trimestre de 2016 .

Por Redacción, 17 de marzo de 2016 2:00 h.

Novedades en torno a la celebración del juicio que, en el caso penal, se seguirá contra Manuel Ruiz de Lopera por su gestión en el Betis entre 1993 y 2008 tras la larga instrucción desarrollada por la juez Mercedes Alaya. Según ha podido conocer ABC, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla será la encargada de juzgar a Manuel Ruiz de Lopera. El juez Ángel Márquez Romero presidirá el juicio oral y Luis Gonzaga de Oro-Pulido Sanz será el magistrado ponente, quedando la causa pendiente de señalamiento. Las partes tienen un plazo de tres días para intentar impugnar tal decisión mediante un recurso de reposición.

Lo que todavía se desconoce es la fecha para la celebración del juicio oral. Todo hace indicar que serán varias las sesiones necesarias para el desarrollo de la vista, de modo que la Audiencia Provincial de Sevilla tendrá que encontrar en el calendario las fechas necesarias para el desarrollo del juicio. Las previsiones iniciales llevan a pensar que la celebración del juicio oral no tendrá lugar antes del último trimestre del presente año. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, en un auto fechado el pasado 7 de septiembre, acordó la apertura de juicio oral contra Manuel Ruiz de Lopera y varios de sus colaboradores, así como Luis Oliver, acusados de varios delitos en su gestión del Real Betis, al que considera que descapitalizó en beneficio de sus sociedades Tegasa y Encadesa, desde 1993 hasta 2008 y la operación de compra-venta de Farusa a Bitton Sport del paquete mayoritario de las acciones del club.

El caso comenzó en 2008 con la denuncia de la Fiscalía de Sevilla, a la que se adhirieron las plataformas Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, así como el propio Real Betis posteriormente y en el mismo no sólo está afectado Lopera, sino varios de sus colaboradores entre 1993 y 2008. Al que fuera máximo mandatario bético se le piden por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal entre tres y catorce años de prisión así como entre 3,6 y 25,6 millones de euros de indemnización, en función de la opinión de la Fiscalía o las acusaciones.

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La Sección Tercera de la Audiencia Provincial juzgará a Lopera.

El juez Ángel Márquez Romero presidirá el juicio oral y Luis Gonzaga de Oro-Pulido será el ponente. Lo primero que deben decidir es la fecha de inicio. Es la sección a la que pidió ser destinada Mercedes Alaya.

Luis Lastra - Pepe Elías /17 mar 2016 / 03:00 h

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla será la encargada de juzgar a Manuel Ruiz de Lopera, encausado por presunta apropiación indebida y delito societario durante su gestión al frente del Betis, según el sorteo que se ha realizado ya en el máximo órgano provincial de justicia. La decisión fue trasladada a las partes ayer miércoles. El presidente de la Sección Tercera es el juez Ángel Márquez Romero, con una larga trayectoria en la judicatura. Entre otros casos relevantes, dirigió el juicio del caso Guerra (contra el hermano del exvicepresidente del Gobierno) o el asunto de las comisiones de Mercasevilla. Este mismo año, por poner otro ejemplo, archivó el famoso caso Arny. El Tribunal que juzgará a Lopera estará formado por tres magistrados de la Sección Tercera, que ya han designado a Luis Gonzaga Oro-Pulido Sanz como ponente.

La elección de la sala tiene su intríngulis. Por un lado, la Sección Tercera ya ha intervenido en esta larga causa cuya instrucción, a cargo de Mercedes Alaya, duró cinco años. En concreto falló a favor de Lopera en mayo de 2015 estimando la recusación del juez Juan Antonio Calle Peña, al que apartó del procedimiento porque era sobrino de un socio de la Liga de Juristas Béticos, una de las plataformas que denunciaron a Lopera. El magistrado Calle Peña pertenecía a la Sección Primera, que resolvió varios recursos relacionados con la causa.

Por otro lado, dos hechos que como mínimo son curiosos. El primero: Alaya pidió ser destinada precisamente a la Sección Tercera cuando fue ascendida a la Audiencia, aunque al final ha recalado en la Séptima. El segundo: el juez Márquez, que preside la Sección Tercera desde abril de 1998, dirigió antes el Juzgado de Instrucción número 6, el mismo que llevó más tarde el caso Lopera, ya en manos de Alaya. La magistrada, de hecho, fue su sucesora al frente de ese juzgado.

La primera decisión del juez Márquez y sus compañeros de Sección será la fecha en que comenzará el juicio. Según alguno de los abogados que intervienen en la causa, podría celebrarse incluso antes del verano, aunque parece complicado. En el peor de los casos, será a lo largo de 2016. Uno de los principales problemas de logística será la habilitación de una sala para albergar un juicio con un alto número de participantes (imputados, testigos...) y una duración también elevada que se podría ir más allá de una semana.

Precedentes

En julio de 2015, la Audiencia confirmó el procesamiento de Lopera por presunta apropiación indebida y delito societario y calculó en 24,9 millones de euros el perjuicio que había ocasionado al Betis. La Fiscalía solicitó tres años de prisión contra Lopera por un delito de apropiación indebida en su gestión en el club, pero también planteó que «de forma alternativa» se lo condene a dos años si considera que el delito es de administración desleal. En concepto de indemnización para el Betis, el ministerio público reclama una cantidad de 591.017,41 euros y otra de 3.078.000 euros. De ellas deben responder solidariamente María Teresa González Martínez y Mercedes Ferraro, también encausadas. Según la Fiscalía, el resto de los acusados (Ana María Ruiz, María Teresa González, Francisco Javier Páez, Ángel Martín y Luis Oliver) no tienen responsabilidad penal alguna en los hechos que se van a enjuiciar.

Las acusaciones particulares fueron más duras con Lopera, como era de prever. Béticos por el Villamarín, la que inició el proceso penal contra Lopera, pide hasta 14 años de cárcel y una indemnización de 25,6 millones, así como la devolución de su 51,34% del capital social de la entidad, cuya propiedad y legitimidad todavía es objeto de causa en el Juzgado de Primera Instancia número 10 y el Juzgado de lo Mercantil número 1.

elcorreoweb.es/deportes-betis/la-seccion-tercera-de-la-audiencia-provincial-juzgara-a-lopera-BY1515175

Ha renunciado, tras confirmar su amistad con Adolfo Cuellar.

El juez Luis Gonzaga no seguirá al frente del caso Lopera.

Escrito por ElDesmarque

Miércoles, 23 Marzo 2016 14:04

Novedades relevantes en el caso Lopera, correspondientes al juicio al empresario del Fontanal por su gestión como administrador al frente del Betis. Según han publicado varios medios de la ciudad, el juez Luis Gonzaga de Oro-Pulido, asignado para ser el ponente del citado caso, ha renunciado a su puesto en la sección tercera de la Audiencia de Sevilla argumentando su amistad con Adolfo Cuellar, uno de los denunciantes en contra del expresidente del club verdiblanco.

La renuncia, que se produjo el 14 de marzo, ha sido aceptada y ha sido comunicada en un auto a las distintas partes. Por tanto, ya sólo resta que se conozca el nombre del sustituto, que será otro miembro de la sección tercera de la Audiencia de Sevilla, presidida por Ángel Márquez Romero. De hecho, Luis Gonzaga de Oro-Pulido ha llegado incluso a confirmar que comparte caseta de Feria con Adolfo Cuéllar, por lo que para evitar problemas, ha renunciado. No debería retrasar la celebración de juicio, aunque nunca se sabe.

sevilla.eldesmarque.com/real-betis/80761-el-juez-luis-gonzaga-no-seguira-al-frente-del-c

El juez Gonzaga de Oro-Pulido renuncia al caso Lopera.

Ha sido aceptada y en los próximos días habrá un sustituto .

Por Redacción, 23 de marzo de 2016 13:29 h.

El juez Luis Gonzaga de Oro-Pulido, asignado para ser el ponente en el caso Lopera, el cual se juzgará en la sección tercera de la Audiencia de Sevilla, ha renunciado argumentando su amistad con Adolfo Cuéllar, uno de los denunciantes del caso. La renuncia ha sido aceptada y se le ha comunicado en un auto a las partes. En los próximos días debe haber un sustituto, que será otro miembro también de la sección tercera de la Audiencia de Sevilla, la cual preside el juez Ángel Márquez Romero, según publica El Correo de Andalucía. Entre los motivos argumentados por Luis Gonzaga de Oro-Pulido, aparte de la amistad que cree que es evidente y manifiesta, está el hecho de que comparte caseta de Feria con Adolfo Cuéllar. Estos cambios no deben retrasar el comienzo del juicio.

sevilla.abc.es/deportes/alfinaldelapalmera/noticias/real-betis/el-juez-gonzaga-de-oro-pulido-renuncia-al-caso-lopera-106240-1458736156.html

El juez Márquez sustituye a De Oro-Pulido como ponente del caso Lopera.

El segundo ha renunciado por su amistad con Adolfo Cuéllar y la renuncia ha sido aceptada por la Audiencia.

Pepe Elías /Sevilla /
23 mar 2016 / 12:51 h

El magistrado Luis Gonzaga de Oro-Pulido, a quien cayó por turno ser ponente del caso Lopera, que se juzgará en la sección tercera de la Audiencia de Sevilla, ha renunciado a su posición por la estrecha amistad que le une a Adolfo Cuéllar, presidente de la Liga de Juristas Béticos, una de las denunciantes del caso.

La renuncia ha sido aceptada y así se ha comunicado a las partes en un auto, contra el que no cabe recurso. Este mismo miércoles se ha nombrado nuevo ponente al juez Ángel Márquez Romero, presidente de la sección Tercera que llevó el caso de Juan Guerra y presidió el jurado popular del caso Marta del Castillo, entre otros.

De Oro-Pulido mantiene una estrecha amistad con la familia Cuéllar, con quienes comparte incluso caseta de Feria, y no participará por tanto en el juicio a Manuel Ruiz de Lopera.

elcorreoweb.es/deportes-betis/el-juez-marquez-sustituye-a-de-oro-pulido-como-ponente-del-caso-lopera-MF1546934

La Fiscalía no apoyará la recusación del juez Carretero.

Pronto debe haber sentencias sobre la titularidad del 31,34% de las acciones del Betis y la culpabilidad del concurso, que darían paso a la reactivación de los pactos con Lopera.

Pepe Elías /Sevilla /31 mar 2016 / 18:01 h.

La Fiscalía de Sevilla no apoyará la recusación del juez Javier Carretero, solicitada por los abogados del ex presidente bético José León, según avanzó ayer la cadena SER. Todo apunta, por tanto, que dicha recusación será rechazada por la Audiencia, por lo que pronto debe haber sentencia sobre la propiedad del 31,34% de las acciones del Betis que titulaba Farusa (Lopera) desde 1992, de las que puede ser desposeído por no haber sido suscritas conforme marca la ley. Desde el pasado verano pesan unas medidas cautelares sobre los derechos políticos de dichas acciones. Antes de esta sentencia, de todos modos, debería conocerse otra sobre la culpabilidad en el concurso de acreedores. Una vez salga ésta, con toda probabilidad, se reactivarían las negociaciones para pactar con Lopera rebajas de la pena que le pueda caer a cambio de las acciones del Betis, que serían puestas a la venta entre los accionistas de la entidad, pues de lo contrario los procesos judiciales podría prolongarse varios años más con los recursos a otras instancias.

elcorreoweb.es/deportes-betis/la-fiscalia-no-apoyara-la-recusacion-del-juez-carretero-BJ1579883