El futuro del Betis vuelve a estar en juego en los juzgados.

Empieza en el Mercantil el juicio que decidirá si Lopera tiene de verdad la mayoría absoluta del capital social del club.

Luis Lastra /Sevilla /22 mar 2015 / 21:39 h..

Ni dos semanas después del juicio para la calificación de su concurso de acreedores, el futuro del Betis vuelve a escena en el Juzgado de lo Mercantil número 1, que entre hoy y mañana tratará algo incluso más importante, ya que atañe a la composición accionarial de la sociedad anónima deportiva (SAD). En otras palabras, está en juego la mayoría absoluta de Manuel Ruiz de Lopera en su capital social.

A las 10.00 empieza el juicio por la demanda interpuesta por diecisiete accionistas del Betis contra Farusa, es decir, Lopera, porque dudan de que 36.869 de sus 60.327 acciones sean legítimamente suyas. Por eso piden la nulidad de ese paquete. El caso es trascendental. Si la demanda tiene éxito, Lopera perderá la mayoría que ostenta ahora (51,34%) y se abriría otro horizonte en la SAD.

Farusa, según los denunciantes, adquirió 30.869 acciones en 1992 mediante la subrogación de un préstamo de 308 millones de pesetas que El Monte y Caja San Fernando concedió al Betis y que presuntamente fueron utilizados por Farusa para adquirir todas esas acciones, que suponen el 31,38% del capital social del club, según consta en un informe pericial presentado ante la jueza Mercedes Alaya. Ni siquiera los denunciantes descartan que Farusa pagase más tarde ese dinero, pero creen que no lo hizo cuando se constituyó la SAD.

Las otras 6.000 acciones bajo sospecha (de la 55.351 a 58.350 y de la 61.667 a 64.666) eran del expresidente José León y el exdirectivo Manuel Morales. Farusa las obtuvo en 1995: según la demanda, con un préstamo impagado a Unicaja incluido en la deuda que asumió el plan de saneamiento.

Hay más. Por un lado, los demandantes piden que un administrador judicial controle esas acciones si se levantan las medidas cautelares que mantienen embargado todo el paquete de Farusa por mandato de Alaya desde 2010. Por otro, estos accionistas sospechan que otras 11.424 acciones fueron pagadas por Farusa con tres pagarés procedentes del club, así que este capítulo derivaría en otra demanda si la que hoy llega a juicio se saldase con una sentencia contra Lopera.

La demanda fue presentada en mayo de 2012 y fue estimada por el juzgado un mes y medio después, pero el colapso judicial ha provocado que pasen casi tres años antes del juicio. La base de la denuncia es un conjunto de autos de Alaya, todos enmarcados en la causa penal que sigue contra Lopera en el Juzgado de Instrucción número 6, en los que la jueza daba a entender o aseguraba que el máximo accionista del Betis adquirió títulos sin desembolsar dinero suyo, sino con fondos del club.

Como la Audiencia Provincial impidió a la magistrada extender su investigación hasta 1992, estos béticos decidieron interponer esta demanda civil, matiz también clave: por la vía penal, Lopera podría haber sido condenado incluso a la cárcel pero las acciones seguirían siendo suyas; por la civil sí puede perderlas. En ese caso, el club las recuperaría para que fuesen suscritas por otros accionistas. El trasfondo es la democratización de la entidad.

Los demandados son Farusa, Lopera, el Real Betis Balompié; José León y su esposa (Mercedes Hidalgo), la herencia yacente de Manuel Morales Luna (fallecido en mayo de 2012); Hugo Galera (último presidente del Betis antes de su conversión en SAD); y los exdirectivos Francisco Sánchez y Juan Márquez Medrano.

El juicio comienza este lunes por la mañana. En teoría, comparecerán Lopera, León, Galera, Sánchez y Guillermo Molina, representante legal de Farusa. De todos los denunciados, el único que seguro que no declarará es Márquez Medrano.

A lo largo de la vista también declararán cinco testigos y dos peritos, uno a favor de los demandantes y otro en nombre de Farusa, en concreto Julio César Calvo Malvar, que ya intervino en el juicio de la calificación a favor de Lopera y Oliver.

elcorreoweb.es/deportes-betis/el-futuro-del-betis-vuelve-a-estar-en-juego-en-los-juzgados-CA121602

El juicio del concurso del Betis quedará visto para sentencia a finales de mes.

En la última sesión, el abogado de Lopera lamentó que los exconsejeros se considerasen "monigotes" y el de Farusa defendió que su empresa y Lopera no son lo mismo.

El Decano /el 13 mar 2015 / 21:47 h.

Imagen de la sesión del jueves, con José Antonio Bosch en plena declaración / Manuel Gómez El juicio para la calificación del concurso de acreedores del Betis vivió ayer su última sesión, a la espera de que un perito practique la prueba pericial solicitada Luis Oliver. El experto es Julio César Calvo Malvar y tiene hasta el día 23 para hacerlo. Si las partes quieren interrogarlo, sería el 31 (a las 9.30 de la mañana). El juicio quedará entonces visto para sentencia que debe emitir Eduardo Gómez, que lleva el caso en el Juzgado de lo Mercantil número 1. La defensa del Betis no admite esa prueba de Oliver. El club se basa en que Calvo es parte interesada en el procedimiento porque auditó las cuentas del Betis en las campañas 08-09 y 09-10, con Lopera aún al frente de la entidad. La última sesión, la segunda dedicada a las conclusiones, se abrió precisamente con el Betis. Su representante pidió que de la era Oliver sólo sean inhabilitados el propio Oliver, Ángel Vergara y los expresidentes José León y Jaime Rodríguez Sacristán. La defensa de Farusa pidió la absolución de su representada y criticó a los administradores concursales. También achacó todos los problemas económicos del club, todos, al descenso de 2009 y repitió una antigua cantinela de Lopera: que él y Farusa no son lo mismo. Según el abogado, el auténtico representante de Farusa era Luis Salcedo. También hubo un turno para el abogado del propio Lopera, que lamentó la admisión pública de que los consejeros eran monigotes al dictado de su cliente. Si le dejaban hacer y deshacer sería que tan mal no lo estaba haciendo, alegó para justificar su conclusión de que la gestión no fue dolosa. También presentaron sus conclusiones los dos expresidentes implicados. La abogada de León argumentó que su cliente no tenía conocimientos suficientes para ser responsable de la gestión y que fue él quien pidió a Lopera que dejase entrar aire nuevo en el gobierno del club. Rodríguez Sacristán mantuvo que con Lopera sólo era jurista y que no puede ser sancionado por ser presidente en la etapa de Oliver. Este último también intervino. A través de su abogado, obviamente. Su defensa principal fue que redujo el coste de la plantilla y que fichó a Rubén Castro, cosa que no habrían hecho los concursales.

elcorreoweb.es/historico/el-juicio-del-concurso-del-betis-quedara-visto-para-sentencia-a-finales-de-mes-JHEC892083